Fotos, textos, música, tomados de google, en caso que los dueños lo requieran, serán retirados.

sábado, julio 4

Fascismo porteño

Las pruebas del fiscal Nisman para acusar por encubrimiento del atentado a la AMIA a Jorge "Fino" Palacios

Un experto en proteger a sospechosos


Entre las múltiples denuncias que acumula el designado jefe de la policía porteña, Jorge "Fino" Palacios, su rol en el encubrimiento del atentado a la AMIA es la más comprometida: el juez Lijo dictaría su procesamiento en base a la acusación de Nisman.

Raúl Kollmann

El fiscal especial para la investigación del atentado contra la AMIA, Alberto Nisman, fue contundente en relación con el designado jefe de Policía de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Alberto "El Fino" Palacios. En diálogo con Página/12 sostuvo que "los elementos para procesar al comisario retirado Palacios son categóricos. Tenía orden de allanar los domicilios de un sospechoso del atentado. Sus efectivos llegaron a las ocho de la mañana y, según ellos mismos declararon, Palacios les dio la orden de entrar recién a las siete de la tarde, cuando ya todo el barrio y hasta el propio sospechoso sabían que lo estaban por allanar. Además, desde su celular se hicieron dos llamadas al sospechoso. No fueron, como se pretende decir ahora, de tres a cinco segundos. La primera fue de casi un minuto y la segunda de medio minuto. Eso significa que hablaron. Y, para colmo, las comunicaciones se establecieron a poco después de las 11 de la mañana, mucho antes del allanamiento. Por otra parte, en los dos domicilios que sí se allanaron, los hombres de Palacios, según declararon los testigos, actuaron en forma muy distendida y no secuestraron ninguna documentación, pese a que ésa era la orden ¿Usted se imagina el allanamiento al domicilio de un sospechoso de participar en un atentado en el que no se secuestra ni una agenda ni un papel?".


El fiscal Nisman acusó a Palacios en un largo escrito en el que le imputó los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión y retardo de los deberes del oficio, incumplimiento de la obligación de persecución y represión de delincuentes, falsedad de documento, destrucción de prueba y falsedad por destrucción o sustracción de documentos. La decisión sobre el procesamiento de Palacios la debe tomar el juez federal Ariel Lijo, quien se pronunciará después del décimo quinto aniversario del atentado, el próximo 18 de julio. Todo indica que Lijo procesará a Palacios. La lógica indicaba que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, debía esperar, al menos, la resolución del juez.


Palacios registra otro antecedente igualmente grave. A raíz de una investigación sobre robo de autos, por orden judicial se grabaron todas las conversaciones telefónicas de Jorge Sagorsky, el hombre que le hacía los pedidos de vehículos a la banda que después terminó secuestrando y asesinando a Axel Blumberg. Sagorsky les decía qué marca, modelo y color necesitaba para comerciar, la mayoría de las veces a través de comercios de la avenida Warnes. La relación entre ladrones, reducidores y policías quedó probada en la investigación del secuestro de Axel, pero entre las grabaciones apareció una llamada entre el reducidor Sagorsky y el comisario Palacios. El diálogo se estableció a través de un comisario inspector retirado, pero Sagorsky y Palacios se mandan mutuos saludos y abrazos e incluso hablan de la provisión –que no se llega a concretar– de una camioneta 4x4 para que Palacios vaya a pescar. Sagorsky y Palacios quedan en juntarse a tomar un café. En el juicio por el secuestro de Axel Blumberg, Sagorsky fue condenado a seis años y seis meses de prisión por ser integrante de la banda.


–Se está argumentando que en el caso AMIA, no fue Palacios el que llamó al sospechoso Alberto Jacinto Kanoore Edul, sino que se trató de uno de sus subordinados ¿Es cierto? –le preguntó este diario al fiscal Nisman.


–No, de ninguna manera. El celular utilizado está a nombre de Palacios y, para colmo, ese número se ocultó durante buena parte de la investigación. Citado a declaración indagatoria, Palacios dijo que le entregó los celulares a sus subordinados, sobre todo al principal Carlos Alberto Salomone. Sin embargo, está probado que éste y todos los demás policías no usaban celulares de Palacios, sino los provistos por la Policía Federal. Además, el propio Salomone desmintió a Palacios. Dijo que nunca usó un celular de Palacios y que no llamó a Kanoore.


La investigación sobre Kanoore Edul tiene su importancia, aunque nunca terminó de prosperar. De las escasas evidencias de la causa AMIA, la que más llama la atención es que el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado, desde un celular a nombre de Kanoore Edul se llamó al domicilio de Carlos Telleldín, el armador de autos truchos que hasta ese día tuvo en su poder la camioneta Trafic que estalló frente a la mutual judía. Kanoore Edul nunca pudo explicar esa llamada y dio tres versiones distintas de esa comunicación. Por otra parte, tampoco tiene explicación un segundo hecho asombroso. Cinco minutos antes del atentado, un camión dejó un volquete de la empresa Nassib Haddad frente a la AMIA. En la hoja de ruta que siguió ese camión figura un baldío de la calle Constitución 2600, donde vive Kanoore Edul. La catastrófica investigación inicial impidió avanzar en esta pista y según afirma Nisman, cuando se retomó la pesquisa sobre Kanoore, una llamada de Munir Menem, hermano del ex presidente Carlos Menem, paralizó las cosas: la SIDE suspendió, sin avisarle al juez, las escuchas telefónicas y Palacios realizó el curioso allanamiento que se le cuestiona.


Aquella medida judicial tenía máxima importancia, porque debía concretarse muy poco después del atentado, el 1° de agosto de 1994. O sea que se trataba de una pista caliente. En la mira, estaban tres domicilios de Kanoore, los tres en la calle Constitución.


–No es inhabitual que a veces se haga algún llamado a un lugar que se va a allanar para preguntar si está el sujeto buscado e irrumpir con mayores seguridades de poder aprehenderlo. ¿Por qué en este caso las llamadas dan para pensar que fueron para avisar el allanamiento?


–Es cierto. A veces se usa ese método. Se hace la llamada, se verifica si la persona está y de inmediato se irrumpe. Pero présteles atención a tres detalles. Desde el celular número 411-5884, a nombre de Palacios, se llamó a las 11.29 y 11.36. Los diálogos no fueron cortos y no se procedió a allanar, sino que se demoró todo hasta las 17.20 horas. En segundo lugar, las llamadas fueron hechas a los teléfonos 4941-0024 y 4942-9146. Ninguno de esos números figura en el expediente y, curiosamente, Palacios pidió en 1997, tres años después que se identifique a quién pertenecían esos teléfonos ¿Cómo lo explica si él mismo llamó a esos números aquel 1° de agosto? Tampoco su celular figuraba en el expediente, lo mantuvo oculto y fuera de la investigación. Por último, uno podría llamar a los teléfonos para ver si está la persona que se busca aprehender, pero lo cierto es que las dos llamadas se hicieron a negocios de Kanoore, o sea que se veía desde afuera que el sospechoso estaba allí. Me pregunto: ¿qué otra razón que no fuese beneficiar a los Kanoore Edul pueden haber tenido estos llamados tan celosamente ocultos?


–¿Qué pasó finalmente en los allanamientos?


–De los tres allanamientos ordenados, uno directamente no se cumplió y se adujeron razones espurias. En los otros dos no se secuestró absolutamente nada, ni una agenda, ni una chequera ni un papel. Los testigos civiles convocados dijeron que les sorprendió el clima distendido. Para redondear la idea, hay una escucha telefónica en la que dos personas ligadas a Kanoore dicen que están a punto de allanar y, para las 17.20, eso era vox populi.


Alberto Jacinto Kanoore Edul, Albertito, es hijo de Alberto Kanoore Edul, un amigo de los Menem que en su momento hasta participó de la delegación a Libia que encabezó José López Rega. Llegó a ser presidente del Centro Yabrudense, que agrupa a los que vienen de la ciudad siria de Yabrud, como los Yoma y los Al Kassar. Según Nisman, tanta cercanía hizo que una llamada de Munir Menem –probada en el expediente– empantanara esta pista.


Varios años después, en 1998, llegó a la Argentina una delegación de expertos del FBI. Fue enviada por el entonces presidente Bill Clinton a raíz de un diálogo que mantuvo, cuando vino en visita oficial a Buenos Aires, con los familiares de las víctimas del atentado. El diálogo se concretó, incluso con la presencia de su esposa Hillary, en el Hotel Sheraton. Los expertos del FBI revisaron la causa judicial, los peritajes sobre explosivos y las comunicaciones. Terminada su visita emitieron un dictamen de doce páginas. La conclusión principal es que debía volverse a investigar la pista Kanoore Edul. Aquella por la que Nisman acusa al designado jefe de la Policía Metropolitana.

viernes, julio 3

Fascismo porteño.

El jefe de Gobierno vetó la comisión creada por la Legislatura para fiscalizar la nueva fuerza

La policía de Macri, fuera de control

Mauricio Macri dispuso que no se creará la Comisión de Seguimiento sobre la Policía Metropolitana que habían votado los legisladores. También admitió que ingresen militares a la fuerza. Y eliminó la obligación de que sus miembros tengan el secundario completo.

Gustavo Veiga

Pese a las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, el jefe de Gobierno porteño autorizó a incorporar a las filas de la Policía Metropolitana a los militares en actividad. Además, decidió impedir el control de la Legislatura a la nueva fuerza: lo hizo mediante el veto de la norma votada que creaba un Comité de Seguimiento de la actuación policial. Por añadidura, Mauricio Macri decidió que no se exigirá como requisito a sus cuadros el título secundario, aun cuando así lo exige la ley 2.894, que creó la fuerza de seguridad. Eso sí, el nuevo superintendente que estrenó cargo el 1o de mayo, el comisario mayor retirado de la Federal Carlos Arturo Kevorkian, goza de una amplia discrecionalidad para asignarse recursos, designar instructores y elegir lugares de entrenamiento.

El decreto 210/09, en su cláusula transitoria tercera, convierte en una caricatura a la Ley 24.079 de Seguridad Interior de la Nación. El jefe de Gobierno porteño lo firmó para que a quienes se designe en la Policía Metropolitana no les sea "computada incompatibilidad alguna derivada de la posesión de estado policial o militar vigente en su Fuerza de origen" ya que, en ese contexto, "no les resultarán de aplicación las previsiones del decreto 1.123/01".

La misma cláusula aclara que "no obstante ello, ante una eventual convocatoria obligatoria de su Fuerza de origen, el interesado deberá acreditar su solicitud de baja en dicha fuerza para continuar en la Policía Metropolitana. Quienes así no lo hicieren, serán dados de baja en forma automática".

La incorporación de cuadros de las fuerzas armadas es incompatible con la Ley Nacional 24.079, pero también con la 2.894 o Ley de Seguridad Pública del gobierno porteño, ya que en el artículo 47, inciso G, estipula que "no pueden desempeñarse como miembros quienes pertenezcan a las Fuerzas Armadas".

El contenido de esta norma pone negro sobre blanco una situación que ya venía dándose. Militares y policías de otras jurisdicciones comenzaron a pasarse a la tropa en formación seducidos por promesas de mejores salarios. Así como la ciudad que gobierna el PRO les pagará más a sus uniformados que la Bonaerense (unos 3000 pesos de sueldo básico), a los maestros porteños los relega si se comparan sus ingresos con los de otros distritos.

En armonía con su política de modelar una policía propia, el Ejecutivo aceleró los tiempos de la Metropolitana, designó a su principal responsable, el comisario Kevorkian; al rector del Instituto de Seguridad Pública que tendrá a su cargo la formación de los egresados, el abogado Daniel Roberto Pastor –cuestionado por los organismos de Derechos Humanos por su oposición a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad–, y a varios mandos medios de la fuerza. Según datos muy recientes, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Daniel Montenegro, habría nombrado a 125 oficiales, muchos de ellos provenientes de la Policía Federal.

Una fuente judicial consultada por este diario que analizó las normas vulneradas por las resoluciones de Macri señaló: "Esto es gravísimo. El decreto 210, al admitir personal de las Fuerzas Armadas, viola la ley que está reglamentando, la 2.894 y la de Seguridad Interior, que les prohíbe a los militares realizar tareas de seguridad interior. Además, rompe la idiosincrasia que supuestamente tenía esta ley –y que por eso fue votada por todos los bloques de la Legislatura– de lograr una policía moderna, con conocimiento de la prevención del delito y comunitaria. Un militar no está entrenado para eso, sí para la guerra".

A las críticas de los especialistas se sumaron las de legisladores. El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo presentó el viernes pasado un proyecto de resolución en el que pide información "sobre si se está incorporando a las filas de la embrionaria Policía Metropolitana a oficiales o ex oficiales del Ejército Argentino, incluyendo comandos o ex comandos, y en base a qué criterio, máxime teniendo en cuenta que la función y formación de éstos está estrechamente ligada a las tareas propias de una fuerza de seguridad cuyo objetivo es la defensa territorial frente a la eventualidad de un ataque externo y que los mismos carecen de idoneidad para tareas de seguridad interna, las que por otra parte se hallan expresamente prohibidas por la legislación vigente en materia de seguridad interior y defensa nacional".

La legisladora porteña Liliana Parada también cuestionó al jefe de Gobierno: "Mauricio Macri hace lo que quiere. No respeta a las instituciones democráticas, igual que lo que critica del gobierno nacional. En este caso, la Legislatura es menos que una escribanía, ya que ni siquiera respeta lo que sus diputados votan. O bien veta las leyes o bien las viola por vía de la reglamentación".

Parada alude al veto de Macri al Comité de Seguimiento y Control de la Seguridad Pública que la Legislatura había votado el 14 de mayo por 31 votos afirmativos contra uno negativo. La iniciativa para crear ese organismo de control fue de los legisladores Pablo Failde y Silvia La Ruffa, que le atribuían funciones como "recomendar mecanismos de articulación y coordinación permanente entre las distintas agencias de seguridad pública con competencia en la ciudad con el fin de armonizar y garantizar la implementación de la Ley de Seguridad Pública" y "proponer mecanismos de monitoreo permanente con el fin de poder establecer indicadores que permitan a las agencias de seguridad pública con competencia en la ciudad tener una evaluación constante de la evolución del sistema de seguridad pública".

Macri vetó esa ley el 9 de junio. Y el mismo día, mediante el decreto 520/09, flexibilizó un requisito que estaba contemplado en la ley 2894, que les exigía a los futuros cuadros el título secundario como condición para su ingreso. El artículo 1 de aquel decreto determinó que "el personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o provinciales que se incorpore a la Policía Metropolitana hasta el 31 de diciembre de 2011 y que al momento de su designación no tenga estudios secundarios completos deberá acreditar dentro del primer año el inicio del curso para completar sus estudios". El artículo 2 establece un plazo máximo de tres años para finalizarlos y el 3 una prórroga de dos más.

Fascismo porteño

Macri avanza con la propuesta de arancelar las actividades en polideportivos

Cobrar entrada por deporte

La defensora adjunta Graciela Muñiz denunció la existencia de un memo interno que estima "necesario informatizar el expendio de entrada única y la venta de merchandising" en polideportivos y parques deportivos.

Hasta ahora, en algunos polideportivos porteños se cobra un bono voluntario por actividad.
Por
Gustavo Veiga

El gobierno porteño ya dio algunos pasos para cobrar entrada y vender merchandising en todos los parques y polideportivos de la ciudad de Buenos Aires, aunque esa iniciativa viola la Constitución local. Un memo interno y una disposición del 20 de octubre del año pasado les fueron entregados durante los últimos días a las autoridades de esos lugares de esparcimiento con el declarado propósito de "instalar el sistema informático Sigec para el cobro de la entrada única, así como también para la venta de merchandising en todos los Parques Deportivos, Polideportivos y el Complejo Golf-Velódromo". Esta idea, aún no oficializada, ignora lo dispuesto en el artículo 33º de la Carta Magna local, que dice: "La ciudad promueve la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de oportunidades. Sostiene centros deportivos de carácter gratuito y facilita la participación de sus deportistas, sean convencionales o con necesidades especiales, en competencias nacionales e internacionales".

La defensora adjunta del Pueblo, Graciela Muñiz, se enteró de la iniciativa macrista y la denunció ayer luego de tomar contacto con vecinos que utilizan polideportivos como los que funcionan en los parques Chacabuco y Sarmiento. "Resulta extraño que entre los fundamentos de la disposición, además del cobro por el ingreso a lugares hasta ahora gratuitos, se incluyan conceptos como la venta de merchandising sin aclarar si es de la propia ciudad o de alguna empresa, lo que lleva a pensar que se puede violar la Constitución para facilitar la negociación de alguna mercancía", le dijo Muñiz a Página/12.

La disposición a la que Muñiz hace referencia es la 162 de la Dirección General de Contaduría (DGC). En otro párrafo, la norma señala que "resulta necesario informatizar el expendio de la entrada única del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así como también la venta del merchandising en los Parques Deportivos, Polideportivos y el Complejo Golf-Velódromo, a través del Sistema de Gestión de Cobranzas (Sigec)".

La defensora adjunta de la ciudad afirmó que "parece mentira, pero quieren invertir en un sistema computarizado para cobrarles la entrada a los vecinos en lugar de hacerlo en infraestructura, que hace bastante falta". Uno de los vecinos y usuarios habituales del Parque Chacabuco, Eduardo Jalón, comentó: "El error está en creer que el Parque es el club de amigos o algún otro lugar privado. El perfil del público que concurre es de una clase media cuyos ingresos cada vez son menores". En ese predio, ubicado en avenida Asamblea y Emilio Mitre, desde hace un tiempo y dos veces por semana a la mañana, se entrena la Policía Metropolitana. Es común que en esos días, el público habituado a utilizar la pista de atletismo no pueda realizar actividades. Los efectivos de la fuerza de seguridad en formación también ocupan vestuarios, un gimnasio y el aula de ajedrez del polideportivo.

La extensa disposición 162 (firmada por las direcciones generales de Contaduría, Tesorería y Gestión y Planificación Deportiva) señala que esta última tendrá que afrontar "el gasto que demande la adecuación edilicia para la instalación del Sistema Informático (Sigec) y que se deberá afrontar con presupuesto propio, como así también lo que demande la instalación y mantenimiento de los enlaces de comunicaciones". La Dirección General de Contaduría sólo "se hará cargo del gasto que demande la adquisición del equipamiento informático y el software será entregado en comodato hasta la implementación y confirmación de su buen funcionamiento". Asimismo, la DGC pagará "por única vez y por el término de un año, el gasto que demande el mantenimiento del equipamiento informático, comenzando su vigencia a partir del momento de su instalación".

La dimensión que tiene una inversión de este tipo para cobrarles la entrada a los usuarios de los polideportivos indica que la movida del gobierno PRO fue planificada con suficiente tiempo. Y que la ecuación costo beneficio habría arrojado resultados positivos para el erario porteño. Hasta hoy, para ingresar a estos predios, las distintas administraciones habían oscilado entre permitir la entrada libre y el cobro de un bono voluntario para el uso de las instalaciones. En este último caso, siempre fueron sumas módicas. En cambio, sí se debe pagar el estacionamiento para ingresar con el automóvil o por otros servicios como las parrillas para hacer asado o la utilización de las piletas en verano o los natatorios cubiertos.

"La Constitución es la ley suprema y la base de la unión de los ciudadanos y los vecinos de la ciudad y no debe ser manoseada o incumplida bajo ningún concepto", concluyó Muñiz, que desde la Defensoría del Pueblo ya formuló otras denuncias semejantes sobre el funcionamiento de los polideportivos de la ciudad.

La Sociedad Rural en el pozo

La Política de los Negocios

La sociedad política De Narváez-Macri, auspiciada por Duhalde y con participación de Miguens y Biolcati, fue antes una sociedad de negocios. Aquí se relata la extraordinaria historia del vaciamiento de la Sociedad Rural Argentina y la desviación de su predio de Palermo para un gigantesco emprendimiento inmobiliario. Sólo falta la mayoría legislativa para remover los últimos obstáculos.

Horacio Verbitsky

La sociedad política entre Francisco de Narváez y Maurizio Macri, auspiciada por Eduardo Duhalde y con participación de Luciano Miguens y Hugo Biolcati, es la etapa superior de una sociedad de negocios, que según denuncian varios de los miembros de la Sociedad Rural Argentina, entre ellos el ex presidente Eduardo de Zavalía, está vaciando el patrimonio de la entidad. Macri es el recién llegado a la fiesta, pero su rol no es menor, porque del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depende la autorización para convertir en un espectacular negocio inmobiliario un predio de doce hectáreas en la mejor zona de Buenos Aires. Macri aporta además la empresa de desarrollos urbanos capaz de concretarlo, manejada por el nuevo padrino de la familia, su primo Angelo Calcaterra, en asociación con el cual desalojó al antiguo patriarca, su padre Franco Macri, hoy radicado en China. Las causas judiciales "La Cassina" y "Solari Loudet", del juzgado civil 90 de la jueza Lily Flah, y el expediente ante la Inspección General de Justicia en los que se investiga el trasvasamiento a esta sociedad de negocios del patrimonio de la asociación civil sin fines de lucro que hoy preside Biolcati son las principales fuentes de información para este artículo. Según los alarmados socios denunciantes, la Sociedad Rural podría terminar con un patrimonio negativo, lo que implicaría su disolución. El predio quedaría entonces en manos de las sociedades constituidas para ese efecto por De Narváez, quien entrega dinero con cuentagotas a sus compinches para tenerlos del cuello hasta la consumación del negocio.

Cuentas en desogden

Luego de conseguir la venta de las 12 hectáreas a un precio vil con el argumento de que se trataba de una asociación sin fines de lucro, la Sociedad Rural diseñó la creación de una sociedad comercial sin otro fin que el lucro, que a su vez empezó a buscar un socio capitalista. A fines de 1993 la Sociedad Rural hizo saber que formaría un consorcio con el Banco República y el CEI del escribano Raúl Juan Pedro Moneta (al que mencionaba como Citicorp, porque suena mejor) para explotar el predio de Palermo. Desde entonces Moneta tuvo a su cargo la organización de la exposición anual y diversos shows con caballos danzarines, gauchos e indios de pacotilla. Pero como su banco pronto comenzó a trastabillar, la UTE se constituyó con Ogden Argentina, una filial de Ogden Entertainment, del paraíso fiscal de Delaware, en los Estados Unidos. En 1995 la Sociedad Rural concedió el usufructo del predio por 30 años a esa UTE constituida en partes iguales por La Rural de Palermo SA y Ogden Argentina SA, con el compromiso de ejecutar las obras y pagar al Estado el saldo del precio adeudado. Ogden Rural construiría un gigantesco shopping de tres pisos, con 18 cines, bares y restaurantes, jugueterías, librerías, negocios de música, un teatro para 2500 personas, centros de entretenimientos y deportes, un parque de diversiones cubierto, juegos láser, mecánicos y simuladores y un estadio deportivo con capacidad para 7000 espectadores.

Gente generosa

En 1998 Ogden Rural obtuvo un crédito por 106 millones de dólares del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la única garantía de la recaudación del proyecto y los derechos de usufructo sobre el terreno, pese a que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera había autorizado su construcción. El presidente del Banco era Carlos Sánchez y el gobernador Eduardo Duhalde. Lo que nunca se explicaron fueron las razones de tanta generosidad. El candidato a diputado nacional del Acuerdo Cívico y Social, Horacio Piemonte, quien entonces formaba parte del Frepaso, publicó un estudio según el cual la magnitud del beneficio y sus condiciones llevaban a pensar en "la existencia de retornos o de socios encubiertos". El responsable de la Fundación Duhalde Presidente y uno de los principales directivos del Grupo Banco Provincia, Alberto Fernández, se negó a responder una pregunta de este diario respecto del aporte de Ogden a la campaña. En cambio este diario reveló el aporte de Ogden a la campaña presidencial de Fernando de la Rúa: 100.000 al Frepaso, que lo confirmó, y 200.000 a la UCR, que guardó cauto silencio. El otorgamiento irregular del crédito provocó la renuncia al directorio del Bapro de Victorio Migliaro, quien sostuvo que sus recursos debían concentrarse en el financiamiento de emprendimientos productivos en la provincia y objetó el tratamiento sumarísimo del expediente, impulsado por Duhalde, quien llevaba en sus listas para las elecciones presidenciales de 1999 al director del Banco Provincia por la Sociedad Rural, Juan Anchorena. Aun así las denuncias de la Comisión de Vecinos de Plaza Italia, la Asociación Amigos del Lago de Palermo, la Fundación Ciudad y la Agrupación por una Ribera Natural, paralizaron las obras. La Ciudad objetó la construcción de los cines y Ogden adujo que sin ellos el proyecto no era lucrativo. Village Cinemas inició juicio por 1,6 millones de dólares más lucro cesante. En sus últimos meses como jefe de gobierno, De la Rúa intentó desafectar los terrenos de la Rural de la zonificación como espacio verde. La Legislatura no lo aprobó y las obras quedaron interrumpidas, con un enorme pozo como símbolo del emprendimiento fallido. A mediados de 2001 el entonces presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto, anunció que había logrado consensuar con Aníbal Ibarra el cambio de zonificación, lo que autorizaría a realizar "construcciones complementarias" al uso principal. "Ya desistimos de los cines, sabemos que perdimos", dijo Crotto, y anunció la apertura de dos nuevas cuadras en la prolongación de la calle Darregueira, con restaurantes, bares, cafés, galerías comerciales y un hotel cinco estrellas. Otra presentación judicial de los vecinos de Plaza Italia disolvió el flaco consenso entre los legisladores y obligó a postergar una vez más el negocio. En ese momento, Ogden Corporation anunció en Estados Unidos su convocatoria de acreedores. Allí apareció De Narváez.

El nuevo patrón

Ante la convocatoria de su socio estadounidense en Ogden Rural, la Rural de Palermo tenía la primera opción de compra de sus acciones. Moneta intentó adquirir ese derecho, pero la Sociedad Rural no se lo vendió, porque ya no garantizaba un buen acceso al poder. Como la Sociedad Rural no estaba en condiciones de adquirir esas acciones, ya sobre la fecha de la subasta aceptó la propuesta de Alejandro Shaw y Francisco de Narváez. Según explicó Biolcati durante la asamblea ordinaria en septiembre de 2003, "representaban capital argentino, a empresarios conocidos acá, de trayectoria, personas físicas, caras visibles". Esa alegada visibilidad se perdió más temprano que tarde en el juego de espejos de compañías controladas y vinculadas, de aportes misteriosos, socios ocultos y balances incompletos. La negociación se hizo a nombre de Shaw Capital S.A., pero luego el derecho de preferencia para comprar en los tribunales de Nueva York las acciones de Ogden Argentina fue cedido a De Narváez. Lo hizo mediante otra curiosa combinación de cajas chinas. El 95 por ciento de ese paquete fue adquirido por la sociedad Boulevard Norte S.A. y el 5 por ciento restante por De Narváez mismo. Pero en realidad Boulevard Norte es otra configuración del propio De Narváez, que posee el 90 por ciento de sus acciones, mientras el 10 por ciento remanente que le da la apariencia de una sociedad anónima está en manos de un antiguo empleado suyo en Casa Tía, Mario Papini. Biolcati dijo que "figura allí" que De Narváez pagó apenas 500.000 dólares pero que desconocía "el valor económico real" del paquete "por cuanto no sabemos qué otro contenido tenían esas acciones de Ogden Argentina Sociedad Anónima (OASA), que no necesariamente ni solamente eran un vehículo para la propiedad de Ogden Rural Sociedad Anónima (ORSA), sino que además tenía otros bienes y otras obligaciones y desconocemos si había otros negocios cruzados". De Narváez se hizo cargo de pagar o refinanciar la deuda con el órgano estatal que administra los bienes del Estado (el Onabe) y absorber las deudas de la Sociedad Rural con ORSA, que le había adelantado dos millones de dólares para la cuota anterior con el ONABE. También se comprometió al pago de un adelanto de 60.000 dólares mensuales durante cinco años, que la Rural debería devolver con la mitad de las utilidades que percibiera por el emprendimiento, que no generaba ninguna. Es obvio que se trata de una inversión a largo plazo, que recién dará frutos cuando se realice el negocio inmobiliario. Al mismo tiempo, agregó Biolcati, la Rural logró renegociar su parte de la deuda con el Banco Provincia. Cuando estaba por cerrarse el trato, el presidente del Banco Provincia, Jorge Sarghini, con el respaldo del gobernador Felipe Solá, exigió "primero con suavidad y después cada vez con más energía", la garantía hipotecaria que Duhalde no había requerido para otorgar el crédito original. Como la Sociedad Rural se negó, en febrero de 2003 el Banco presentó una demanda ejecutiva por el total de la deuda, que sumando intereses pasaba de 100 millones de pesos. El Banco Provincia ganó el juicio, que fue apelado. Tal vez este episodio explique las dificultades que Solá ha encontrado en la relación política con De Narváez y las humillaciones a que fue sometido Sarghini, quien terminó por rechazar el puesto en el final de la lista de candidatos que le ofrecieron.

Durante la asamblea de la Sociedad Rural, el socio Roque Luis Cassini mocionó que no se aprobara el estado patrimonial porque estaba en juego "la propia existencia de la Rural como persona jurídica y como institución representativa del sector agropecuario", que podría pasar a tener "un patrimonio neto negativo y la consecuencia de ello podría llegar a que pasemos a ser una sociedad técnicamente disuelta". Su principal argumento, que recién pudo exponer luego de una larga gritería, fue que al faltar los estados contables de Ogden Rural era imposible aprobar el de la Sociedad Rural, ya que "el principal de sus activos contables, el predio ferial de Palermo, no figura en ningún lado". Agregó que el nuevo socio, Boulevard Norte, poseía las únicas mil acciones preferidas Clase C. "Esto hace imposible que la Sociedad Rural, por intermedio de su controlada, La Rural de Palermo, propietaria del 50 por ciento de las acciones de Ogden Rural, obtenga alguna utilidad algún día" ya que esas acciones preferidas otorgaban a De Narváez el derecho acumulativo "al cobro preferente de utilidades por la suma de 5 millones de dólares al año, neto de la aplicación del impuesto a las ganancias". En su posterior acción legal, Cassini y sus peritos explicaron que la negativa a consolidar las cuentas de las distintas sociedades armadas para explotar el predio (amparándose en que la Sociedad Rural es una asociación civil y no una sociedad comercial) impedía sacar conclusiones fiables, ya que "constituyen a la luz del principio de realidad económica un grupo económico, que debe ser analizado como tal y no como entidades separadas, independientes y autónomas", ya que "toda decisión comercial, financiera, jurídica, fiscal que afecte a cualquiera de las sociedades tiene un impacto económico indefectible en la Sociedad Rural Argentina". El ejemplo que puso de ello fue contundente: según el balance al 30 de junio de 2006, en sólo tres años la Sociedad Rural perdió la mitad de su patrimonio neto, que pasó de 80,6 a 40,7 millones de pesos. "O sea, desde junio de 2003 viene perdiendo un promedio de más de 13 millones de pesos por año. La razón principal de tales pérdidas es la cuantiosa reducción del valor de su controlada La Rural de Palermo SA, "por lo que se deduce sin temor a equivocaciones que Ogden Rural SA sigue generando monumentales pérdidas, ya que ésta es la principal inversión y razón de ser de la primera". En la asamblea de 2004, el socio Federico Palacio preguntó qué seguridad podían ofrecer Miguens y Biolcati de que la Sociedad Rural no perdería su autonomía dados "los proyectos políticos del principal inversor".

Un mundo sin periodistas

También formularon reparos Alfredo Raffo, como apoderado del socio Roberto Wolfgang Romer, y la socia Alicia Lorenzo de Romer, quien dijo que el objetivo de la Sociedad Rural era defender al sector agropecuario y no el manejo de sociedades comerciales que desviaban "el objetivo de una entidad de 140 años. A su vez, los mismos directores tienen la poca prolijidad de pasar a ser directivos de esas sociedades que tienen fines de lucro. Menos mal que hoy acá no hay periodistas, y ojalá que no haya un periodista afuera, porque la imagen de la Sociedad Rural cambiaría mucho si se enteraran de esto". En medio de la gritería, la socia Laura Benincasa de Hertelendy deploró que en 2001, cuando La Rural de Palermo SA tuvo un quebranto de 5,8 millones de dólares, los directores Enrique Crotto, Juan Ravagnan, Carlos Hubert y Jaime Bernasconi cobraron honorarios por casi medio millón, y los siguieron cobrando en los años siguientes. Esos honorarios no fueron pagados por La Rural de Palermo SA sino por la Sociedad Rural Argentina y constan en sus libros como anticipos. El peritaje presentado por Cassini en el juzgado dice que "con ese mecanismo se da el curioso hecho de que una entidad sin fines de lucro aparece financiando a una sociedad que tiene por fin lucrar con el usufructo de un bien de su propiedad y que tiene como directores rentados a algunos de sus socios, cuyos honorarios son financiados mediante los aportes de sus consocios, que son los que sostienen a la entidad sin fines de lucro". El balance fue aprobado por 120 a 44 votos y 6 abstenciones, luego de que el socio Lorenzo Donnelly recriminara la existencia de pactos de confidencialidad invocados para no entregar la información solicitada por muchos socios. Una de las groseras irregularidades denunciadas es que el mismo contador Eduardo Del Piano es auditor de la Sociedad Rural y síndico e integrante de la comisión fiscalizadora de Ogden Rural. En su primer rol dictaminó que las negociaciones para cancelar la deuda hipotecaria estaban bien encaminadas. Pero como síndico de Ogden Rural afirmó que de no llegarse a un acuerdo de refinanciación el Estado Nacional podría ejecutar el predio ferial de Palermo.

Conexión mexicana

La operación de pinzas culminó en 2004, cuando Boulevard Norte también compró el paquete accionario de La Rural de Palermo SA. De Narváez pasó a disponer así de la totalidad del usufructo del predio por un cuarto de siglo. A cambio se hizo cargo de la deuda refinanciada con el Banco Provincia, ofreció adelantar los 4,2 millones que la SRA aún le debía al Estado por la compra fraudulenta y se comprometió a prorrogar hasta 2025 el pago del canon de 60.000 dólares mensuales, además de permitir a la Sociedad Rural realizar en el predio su feria anual. En la Asamblea General Extraordinaria del 30 de abril de 2004, Miguens y Biolcati consiguieron la aprobación del convenio de refinanciación con el BAPRO y luego la venta a Boulevard Norte. Una vez más hubo un grupo de socios que impugnaron las decisiones y denunciaron que se había violentado su derecho a la información y que los intereses de la Sociedad Rural se subordinaban a los de algunos de sus socios y directivos. Para llevar adelante la inversión, De Narváez abrió negociaciones con el grupo mexicano Corporación Internacional de Entretenimientos (CIE), organizador de shows musicales y propietario de radioemisoras, cuyo ex socio argentino, Daniel Grinbank, lo denunció ante la justicia por lavado de dinero. Durante la asamblea el ex presidente de Zavalía fustigó el acuerdo con De Narváez: "La Rural se va a quedar con las responsabilidades y el que negocia con nosotros con las utilidades", advirtió. Agregó que la Sociedad Rural ya había perdido por la asociación con Ogden un predio en Del Viso de 25 millones de dólares. "No te voy a contestar. Cuando vos fuiste presidente, Palermo era un baldío", le respondió Miguens. Los socios, desorientados, aplaudieron a ambos. Las obras siguen paralizadas hasta hoy, porque la Legislatura de la Ciudad y varios jueces no han autorizado la rezonificación. Sobre la parcela de la calle Darregueira, separada del predio original, sólo se han podido construir edificaciones de oficinas. En 2005, incluso, el juez contencioso administrativo Roberto Gallardo, objeto de la ira de sucesivos jefes de gobierno, clausuró todo el predio de la Sociedad Rural porque cuando fue a verificar la denuncia de un vecino sobre el pozo convertido en un criadero de ratas y mosquitos, descubrió que no contaba con la habilitación municipal definitiva. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo. Ibarra lo amenazó con juicio político y Macri intentó quitarle las 400 causas que llevaba, en ambos casos en vano. El intendente interino Jorge Telerman envió a la Legislatura el pedido de rezonificación en los últimos días de su mandato y Macri confirmó su apoyo en 2008, pero no consiguió que se aprobara. La jueza Elena Liberatori rechazó un recurso de amparo de los vecinos pero dispuso que la cuestión se dirimiera en un juicio ordinario, de duración incierta. De allí la importancia de los acuerdos políticos de Unión-Pro entre De Narváez y Macri, quien en las elecciones del domingo 29 espera obtener una mayoría legislativa suficiente como para allanar ese obstáculo. La empresa familiar de emprendimientos inmobiliarios es Creurban, una de las que Franco Macri vendió para que los conflictos de intereses de su hijo jefe de gobierno no fueran estridentes. Quien se hizo cargo fue su sobrino, y primo hermano de Maurizio, Angelo Calcaterra, quien es el verdadero jefe del clan familiar, ahora que Franco se ha retirado del país.

De Narváez pagó los 60.000 dólares mensuales a la Sociedad Rural durante los dos años siguientes al convenio. La nota 7 a los Estados Contables de la Sociedad Rural de 2007 informa que De Narváez dejó de cumplir con ese pago en julio de 2006, por lo que Miguens y Biolcati lo intimaron mediante "reiteradas cartas documento a que se cumpla lo firmado entre las partes. Con intereses y al tipo de cambio de mercado, esa suma ascendía en julio de 2007 a 2.388.480 pesos. El 10 de agosto, De Narváez entregó 200.000 pesos a cuenta, lo cual marca el tipo de relación establecida entre el filántropo colombiano y la entidad que hoy apoya su lanzamiento político.



En 1995, la confusión entre una asociación
civil sin fines de lucro y una sociedad
comercial.

A partir de 2004, la Sociedad Rural es
tomada de rehén por un nuevo patrón,
que se queda con el usufructo total del
predio de Palermo y la subordina a sus
fines políticos.

Precursores

Santiago O'Donnell

Desde hace mucho se dice, con razón, que en materia de narcotráfico la Argentina es un país de tránsito. Lo que no se dice tanto es que en los últimos años el tránsito, o mejor dicho la logística, ha reemplazado a la producción como eje del negocio.

En otras palabras, los que ahora mandan son los dueños de las rutas, en este caso los carteles mexicanos, que les compran los cargamentos de cocaína y heroína a sus antiguos jefes, los narcos colombianos, para trasladarlos a Estados Unidos, Europa y el resto del mundo.

El problema excede la campaña electoral y presenta nuevos desafíos al Estado argentino a partir de la epidemia de paco y la violencia disparada por el tráfico de efedrina. Esta semana un grupo de expertos reunidos por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos presentó una propuesta como primer paso para trazar una política de estado de combate al narcotráfico. La propuesta merece ser analizada.

El cambio de mando en el mundo de la droga es consecuencia directa de las crecientes dificultades para introducir la droga, especialmente en Estados Unidos, el principal consumidor mundial. En los últimos 30 años los narcos han pasado del uso de aviones y lanchas rápidas partiendo de islas del Caribe, a la utilización de vías terrestres y grandes túneles en la frontera mexicana, a la adquisición de una flota de submarinos para subir cargamentos por la costa de California o el Golfo de México.

En Europa también hubo cambios desde que los mexicanos asumieron el control. Si bien los cargamentos siguen saliendo por mar desde Colombia, Brasil y, en menor medida, la Argentina, los narcos han adoptado la estrategia de triangular la mercadería utilizando pequeños países africanos como Guinea Bissau, para aprovechar el libre acceso de los productos de esos países al mercado común europeo por su condición de ex colonias.

Además de asegurarse las rutas a los principales centros de consumo, los narcos mexicanos se han puesto a la cabeza de la elaboración de drogas sintéticas como el crank (metaanfetamina), que en los últimos años ha invadido el mercado estadounidense y el europeo. Con la introducción de estos nuevos productos, el objetivo de los narcos mexicanos es no depender más de los países productores, ya que la droga sintética puede fabricarse en una bañadera en el mismo lugar donde existe la demanda.

Estos cambios a nivel mundial han repercutido en la Argentina en forma de dos fenómenos muy nocivos para la sociedad. El primero, la violencia inédita que ha causado el negocio de la efedrina, que ya se cobró un triple fusilamiento y una ejecución de sicario motorizado, estilo Medellín de los años ochenta.

El otro fenómeno es la aparición de un asesino silencioso que se propaga desde los barrios más humildes a los hogares de clase media: la epidemia del paco.

Para entender cómo esos fenómenos llegaron a la Argentina es necesario sincerarse con respecto al lugar que la Argentina históricamente ocupó en el mapa de las drogas. Acá los narcos manejan desde hace tiempo básicamente tres negocios: el traslado, el lavado y la provisión de las sustancias químicas que hacen falta para fabricar las drogas. O si se quiere cuatro, sumando el negocio de la provisión del mercado interno. Pero en la escala de lo que se viene hablando, ése es un negocio menor.

Con respecto al traslado, los expertos coinciden en que la Argentina es el mayor proveedor de cocaína de Australia y Su- dáfrica y, como se dijo, un proveedor secundario pero no menor del mercado europeo. Por supuesto que no se trata de cocaína fabricada acá sino traída desde Bolivia, aunque en muchos casos termina de procesarse dentro del país. Esa cocaína sale de puertos argentinos: Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Zárate-Campana y los pesqueros de la Patagonia.

Durante el gobierno de Menem, como parte de las relaciones carnales, la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) ocasionalmente entregaba algún cargamento comprado por sus agentes encubiertos: la "compra controlada" es una de la herramientas preferidas de la DEA. Les servían los operativos en bandeja a sus jefes preferidos en las fuerzas de seguridad argentinas, para que se lucieran en los grandes titulares y en el prime time. Mientras tanto, muy cerca del poder abrían un kiosco que estalló en el Yomagate.

En las elecciones del 2004 apareció como candidato a vicepresidente de Menem el entonces gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, campaña que financió el ahora candidato a diputado Francisco de Narváez. Juan Carlos Romero, además de ser una importante figura del peronismo, es el heredero político y económico de su padre, Roberto Romero, también ex gobernador de Salta y sujeto de al menos tres investigaciones de la DEA. Según documentos desclasificados por el organismo en el 2003 a pedido del periodista Rafael Saralegui, la organización de Romero padre utilizaba pistas secretas y empresas estatales para mover grandes cargamentos a Europa, Australia y Sudáfrica.

En los tiempos de Romero padre la cocaína que pasaba por la Argentina era propiedad de las familias narco de Santa Cruz de la Sierra. Pero como dijo el zar antidroga boliviano el año pasado en una entrevista con este cronista, el negocio se transnacionalizó y se ha detectado la presencia de narcos mexicanos en el país y éstos han puesto gerentes colombianos y peruanos al frente del negocio.

Con respecto al lavado, por la falta de controles financieros, la simbiosis con el paraíso fiscal uruguayo y la distancia de las grandes capitales financieras, históricamente este país ha sido un destino elegido para blanquear bienes, y los narcos no han escapado a la tendencia.

Quizás el caso más conocido es el de Amadeo Juncadella, quien fuera dueño de una cadena internacional de empresas de transporte de caudales y agencias de seguridad, Juncadella-Prosegur. El empresario hoy retirado fue vinculado en documentos de la DEA y de la justicia estadounidense con el lavado de dinero del Cartel de Medellín en la década del '80. Los documentos de la DEA que involucran a Juncadella lo relacionan con su ex empleado Alfredo Yabrán, que hasta su muerte controló medio Ezeiza, medio Aeroparque, empresas de transporte, agencias de seguridad y el correo privado Oca.

Después llegó el capo del Cartel del Golfo mexicano, Amado Carrillo Fuentes, para hacer inversiones de la mano de Aldo Ducler, financista de la frustrada campaña presidencial de Palito Ortega. Después el senado estadounidense acusó de lavador al banquero Raúl Moneta.

En el calor de la campaña algunos detalles se pasan por alto. Poco antes de matarse, Yabrán transfirió sus empresas a un fondo inversor con sede en las Islas Caimán llamado Grupo Exxel, encabezado por el ex Juncadella Juan Navarro. Se trata del mismo grupo inversor que poco tiempo antes había adquirido la cadena de tiendas Casa Tía, una empresa que operaba en la Argentina pero cuyo directorio integraban ciudadanos colombianos.

Al frente de Casa Tía estaba Francisco de Narváez, financista de la campaña Menem-Romero y propietario del celular que registró hace algunos meses llamadas del narco mexicano Mario Segovia, apodado "el rey de la efedrina". Es el mismo empresario que hoy gasta una fortuna de origen no del todo claro en la promoción de su candidatura, que también impulsan los medios de comunicación de su propiedad, y que festejan los imitadores de Tinelli, cuidándose de no mencionar esa cosa que empieza con e.

Con respecto a los precursores, el tema no es tan complicado: como Bolivia prácticamente no tiene industria química, el éter, la acetona y el permanganato de potasio que se usan para fabricar la cocaína en ese país provienen de la Argentina, Brasil y Chile. En los años '90, con la colaboración de la DEA, Bolivia selló la frontera al ingreso de los camiones que transportaban los precursores, pero no pudo impedir el contrabando hormiga de pasta base fronteras afuera, por lo que los laboratorios se trasladaron a la Argentina, Brasil y Chile. Con los excedentes del proceso de fabricar cocaína llenaron de paco a esos países y también al Uruguay.

Del mismo modo, cuando los carteles mexicanos necesitaron efedrina y seudoefedrina china e hindú para aumentar su producción de crank, y como el gobierno mexicano empezó a controlar las exportaciones, no encontraron mejor manera de ingresarlo que a través de triangulaciones con la Argentina, cuya pujante industria farmacéutica servía de pantalla perfecta, mientras la laxitud de sus controles facilitaba la operación.

Más allá de las excepciones ya apuntadas, normalmente la DEA no se interesa mucho por lo que sucede en la Argentina. No porque no esté presente el narcotráfico, sino porque lo que pasa acá no tiene mucha incidencia en los Estados Unidos. Los cargamentos tienen otro destino, el dinero lavado muchas veces viene de otro lado y los precursores sirven para fabricar droga que también se vende en otro lugar. Y como la DEA de algún modo marca la agenda mediática del narcotráfico internacional, a veces parece que acá no pasa nada.

Pero cuando pasa algo que involucra a Estados Unidos, la DEA reacciona. A principios del gobierno de Bush, los argentinos tenían un programa para entrar en Estados Unidos sin visa, único en la región porque Bush quería inmigrantes blanquitos y educados. Pero en cuanto los narcos empezaron a mandar mulas con heroína colombiana desde Ezeiza a los aeropuertos de Nueva York y Miami, el programa se canceló para siempre.

Ahora la DEA ha vuelto a poner su ojo en la Argentina porque la efedrina triangulada acá, 17 toneladas en el último año, pasa por México y termina en Estados Unidos. Ahí la cosa cambia. No es ningún secreto que la DEA entregó el laboratorio narco de Ingeniero Maschwitz, ni que ese episodio disparó las vendettas que tanto alarmaron a la opinión pública. Demasiados buchones de la agencia aparecen en la trama policial y judicial.

Ante el espasmódico interés de la DEA y la discreción de los narcos argentinos –empresarios, abogados, políticos, autoridades aduaneras y funcionarios judiciales y policiales que se jactan de jamás tocar los cargamentos–, los sucesivos gobiernos de este país han mostrado escasa voluntad, o capacidad, para desbaratar el negocio.

Tan escasa que los dos problemas que más impactan en la sociedad, el del paco y el de la efedrina, derivan del negocio que en apariencia es el más fácil de cerrar: el de la venta ilegal de precursores.

En efecto, controlar la entrada y salida de efedrina, seudoefedrina, éter, acetona y permanganato de potasio es mucho más simple que infiltrar las mafias de los puertos y del transporte de larga distancia, o descifrar la contabilidad paralela de algunos bancos con sucursales off shore. Ni hablar de la maraña político-policial que ampara a los distribuidores locales.

La negligencia en el control de los precursores químicos es más difícil de entender. Por razones que hasta ahora nadie ha podido explicar con un mínimo de coherencia y apego al sentido común, desde hace años el control de los precursores recae en la Sedronar, la secretaría de lucha contra la drogadicción, un organismo de presupuesto mínimo básicamente dedicado a la rehabilitación de adictos.

El método que emplea la secretaría para supuestamente controlar los precursores parece diseñado a propósito para que no se controle nada. Se prepara un registro que incluye cientos de sustancias que podrían servir de precursores para todas las drogas ilegales imaginables. Se empadrona a las empresas que fabrican o comercian esas sustancias, hasta llegar a un número que ya supera las trece mil empresas. Se obliga a esas trece mil empresas a llenar formularios por cada transacción que involucre a alguna de esas sustancias. Se inunda el archivo del Sedronar con esas planillas. Se pide a un grupúsculo de inspectores que revise las planillas y se da por terminado el trabajo. En vez de apuntarles a las 100 o 200 empresas que producen un altísimo porcentaje de los productos que necesitan los narcos que operan en el mercado local, o arrancar con las empresas que tienen causas judiciales porque se les registraron desvíos, todo queda envuelto en una gigantesca maraña burocrática que garantiza los resultados nulos que la secretaría viene obteniendo desde que se hizo cargo del asunto.

Así llegamos a la propuesta que el miércoles presentara el grupo de expertos del Ministerio del Interior, que coordina la ex fiscal Mónica Cuñarro y que incluye a respetadas figuras del Poder Judicial como el camarista Horacio Cattani. En un texto que no pasa de las dos carillas, el grupo simplemente propone el traslado del registro de precursores al instituto que controla los medicamentos en el Ministerio de Salud, el Anmat.

Aunque lo ideal sería que se ocupara del tema un organismo de seguridad especializado, los expertos parecen reconocer que esos organismos en la Argentina no son confiables, no sólo por su presunta connivencia con el narcotráfico sino por su probado manejo de otras actividades ilegales como el juego y la prostitución, que los exponen a relaciones non sanctas con el crimen organizado. En cambio el Anmat es un organismo técnico dotado y respetado, compuesto por funcionarios y especialistas de carrera, del cual no se conocen grandes casos de corrupción.

Parece una obviedad, dado lo que está en juego. A nivel internacional, está en juego un aspecto importante de la relación con Estados Unidos por el tema de la efedrina. A nivel local se juega algo mucho más delicado: nada menos que la salud de toda una generación de argentinos que ha quedado expuesta al paco.

Pero no es la primera vez que alguien propone sacar el registro de la cueva del Sedronar, tanto en este gobierno como en los anteriores. Hasta ahora siempre se impuso el lobby de los narcos. Los traficantes de efedrina ejecutados en el triple crimen habían contribuido generosamente a las campañas del oficialismo.

Nada es sencillo en un país donde todos hablan de narcos pero nadie debate sobre narcotráfico.

Fascismo porteño

Las fauces de Macri

Sandra Russo

El martes estaba en mi casa haciendo otra cosa con la tele encendida y Macri hablaba en la pantalla. ¿A quién le interesa escuchar lo que siempre dice Macri? Macri, como su socio político, no dice nunca nada. No habla de política. Uno por el desvío de la eficiencia y los equipos, y el otro ya lanzado de cabeza a la prosa poética: "¿Querés cambiar?", pregunta, intentando asimilar el cambio de modelo de país con el cambio de pareja, auto, trabajo, detergente.

Pero el martes, a Macri se le destrabó la lengua y mis oídos no daban crédito a lo que escuchaban. No porque no supiera que obviamente todo lo que dijo es lo que piensa Macri, que siempre fue Macri y no Mauricio. No creo que Macri hubiera dicho lo que dijo si hubieran estado sentados frente a él Marcelo Bonelli y Gustavo Silvestre, que más que dos periodistas son un intersticio del medio encarnado en ellos. En este sentido, el periodismo político sigue siendo, cuando asoma, un ejercicio provocador, del que hemos estado casi privados en esta campaña, condenados a aduladores y mequetrefes.

Macri empezó a hablar y yo me quedé dura. Más que boca, le vi fauces. Estaba diciendo exactamente lo que Ricardo Forster había dicho una noche de un frío terrible en la plaza, en la carpa de la JP, en pleno conflicto con los ruralistas, cuando Carta Abierta les hizo una visita. Que la ofensiva de la derecha estaba directamente relacionada con lo que el kirchnerismo había hecho bien, con lo que nadie se había animado. Y que todo lo demás es accesorio (esto lo agrego yo). Ahí está el hueso, el nombre de una pelea. Ahí está el 2001, pero también está 1930, 1955, 1976, 1989 y muchos otros momentos de la historia argentina. El hueso es el Estado y su potencial capacidad emancipatoria.

La defensa de las privatizaciones y del rol privado en la economía que hizo Macri este martes sólo es comparable a la que hacen los Vargas Llosa y lo más arcaico del mundo en materia de derecha ultraliberal. Y ya no es la oligarquía vacuna y sojera que tiraba manteca al techo la que acecha, sino el capital globalizado que inspira a gobiernos de derecha para que se le asocien. Lo que dijo Macri es mil veces peor que lo que se sabe: que los terrenos de Buenos Aires, los de la villa 31, los del Borda, los del Moyano, están mucho más arriba en la agenda política que la salud mental o las condiciones de vida de los débiles. Macri como presidenciable es el riesgo de volver a entregar todo.

jueves, julio 2

Fascismo porteño

MACRI DECRETO UN RECORTE DE GASTOS QUE IMPACTA PRINCIPALMENTE EN EL AREA SOCIAL

Drástico plan de ajuste en la ciudad

Con el argumento de la crisis mundial, el jefe de Gobierno dispuso un fuerte recorte a todas las áreas. Críticas de la oposición.

Andrés Osojnik

Escudado en los efectos de la crisis financiera mundial, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, decretó un fuerte ajuste de gastos en toda su gestión. El recorte atraviesa todos los ministerios, pero el impacto se producirá principalmente en las áreas sociales: se suspenderán servicios y caerán becas y subsidios a los sectores más necesitados. El fundamento oficial para la medida se justifica en la necesidad del "reordenamiento de las finanzas públicas" para "mantener los equilibrios necesarios" en las cuentas. Desde la oposición, hubo otras interpretaciones: "Macri está pagando su desmanejo financiero y el sobredimensionamiento del Estado que él mismo generó", criticó Aníbal Ibarra. "Es el primer paso formal de un plan de ajuste que pretende esquivar a la Legislatura", advirtió Martín Hourest.

El decreto 493/09 fue firmado el 4 de junio pasado, pero se conoció ayer con su publicación en el Boletín Oficial. Sus considerandos señalan que "es de público y notorio conocimiento la existencia de una crisis financiera de alcance mundial, cuya expansión se manifiesta en las más importantes urbes del planeta con distinto nivel de impacto, a tenor de circunstancias políticas y económicas propias de cada región". Y sostienen que "en ese sentido, no es casual la existencia de una comprometida situación fiscal en la mayoría de las provincias argentinas".

"En el referido contexto –apuntan los argumentos oficiales– se hace necesario adoptar políticas que permitan garantizar el reordenamiento de las finanzas públicas mediante instrumentos tendientes a mantener los equilibrios necesarios, al tiempo de asegurar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones salariales para con los agentes de este gobierno, así como los servicios esenciales en materia de salud, educación, acción social, medio ambiente e infraestructura."

Con esos argumentos, Macri dispuso una serie de recortes y suspensiones:

- Se frena toda nueva contratación bajo los regímenes de locación de obra y de servicios.

- Los contratos de locación vigentes sólo pueden renovarse "por estrictas y justificadas razones de servicio", es decir que la renovación de los contratados quedará pendiendo de un hilo más que fino.

- Se restringen los gastos en concepto de pasajes y viáticos para misiones oficiales.

- Se prohíbe la contratación de nuevas locaciones de inmuebles y quedan suspendidas las operaciones en trámite.

- Previo a proponer la expropiación de un bien inmueble, el organismo respectivo debe contar con el crédito necesario.

- Se bajan a la mitad las partidas destinadas a financiar la adquisición o leasing de bienes de capital.

- Queda prohibida la adquisición de cualquier tipo de vehículo.

- Se suspenden los fondos "con cargo de rendir cuenta de su inversión" y las llamadas cajas chicas.

- Se limita el otorgamiento de subvenciones y subsidios.

- Toda nueva alta de servicios públicos básicos (agua, energía, telefonía fija y móvil y gas) debe contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda.

- Se suspende la creación de cargos de estructura de cualquier nivel.

"Una lectura rápida del decreto puede llevar a pensar que se está frenando el gasto de la burocracia estatal, pero los funcionarios van a seguir teniendo la caja chica para salir a almorzar, los que no van a tener más plata son los responsables de comprarle un remedio de urgencia al chico de la calle que lo necesite", advirtió un operador del área de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social. "Esto va a paralizar la gestión del gobierno: no habrá más hojas, nada de fotocopias ni nafta ni autos, que no son los que usan los ministros sino los que necesitamos para trasladar a los pibes", se quejó un colega.

Desde la oposición, Ibarra, legislador de Diálogo por Buenos Aires y candidato a diputado nacional, sostuvo que "esto es consecuencia de haber gobernado con déficit". El ex jefe de Gobierno recordó que "después de la crisis de 2002 generamos un fondo anticíclico de 130 millones de dólares y 30 millones de euros. Ese fondo lo destruyó Telerman con el silencio y también la connivencia de Macri. Ahora dice que no tiene plata, pero lo que está haciendo es achicar lo que él mismo agrandó: gastó más de lo que tenía, pagó a empresas por obras que nunca se hicieron, como el subte, quiso endeudarse a tasas altísimas... La culpa no es de la crisis, es de Macri".

Hourest, del bloque de Igualdad Social, consideró que se trata del "primer paso formal de un plan de ajuste". "Estamos en el último mes de la ex abundancia, con una hipótesis de caída estruendosa de la recaudación, con una refinanciación pendiente de mil millones de pesos, es lógico que se llegue a esta situación –señaló–. Pero el recorte que hace Macri tiene que ver con la práctica ideológica de su gestión: no corta los subsidios a las grandes empresas, por ejemplo de la basura, o los grandes contratistas, ni las transferencias a la educación privada. Lo que hace es frenar obras, bajar el gasto social, hacer caer contratos de personal, no poner dinero para prestaciones sociales." Hourest agregó que "si Macri estaba preocupado por reducir el gasto burocrático, debió de haberlo hecho cuando asumió, no un año y medio después. Lo republicano acá sería sincerar en la Legislatura la situación y rediscutir el Presupuesto. Lejos de eso, lo que Macri hace es un plan de ajuste que justamente pretende esquivar a la Legislatura".

miércoles, julio 1

Campo derechos y humanos

Reclaman a la Mesa de Enlace que expulse a productores que utilizan trabajo infantil

El campo le da trabajo a los niños

La Justicia de Mendoza investiga el delito de trata de personas en chacras donde explotan a niños. La Fundación La Alameda se moviliza hasta la sede de la Sociedad Rural para reclamar sanciones a los productores que infringen la ley.

Muchos niños en Mendoza dejan de ir a la escuela para trabajar en la cosecha.
Por
Eduardo Videla

La denuncia sobre trabajo infantil en chacras de la provincia de Mendoza llegará hoy a Buenos Aires. Organizaciones que luchan contra el trabajo esclavo, como la Fundación La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entregarán en las oficinas céntricas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) un reclamo dirigido a la Mesa de Enlace para que se excluya de esa organización a "los productores agropecuarios denunciados por reducción a la servidumbre y trata de personas". El reclamo se apoya en la denuncia realizada por La Alameda en febrero último, tras una investigación realizada en fincas mendocinas que incluyeron grabaciones de videos, en los que quedó registrado el trabajo de niños y adolescentes en edad escolar y que dio pie a una causa judicial. La directora de una escuela de El Carrizal, departamento de Luján de Cuyo, confirmó a Página/12 que decenas de chicos han faltado a clase semanas enteras para participar en la cosecha y otras tareas rurales.

La nota, que será presentada hoy a las 19 en la sede de la Sociedad Rural, en Florida al 400, considera que "la Mesa de Enlace debe ser anoticiada formalmente acerca de la existencia de formas contemporáneas de esclavitud y de trata de personas, que son practicadas por productores de Mendoza en perjuicio de los sectores más vulnerables". Y pide que el tema sea tratado en las reuniones con el gobierno nacional, en las que se discuten reivindicaciones del sector.

"Reclutan a chicos y a adolescentes porque sus manos más chiquitas son más aptas para manipular el ajo", relata a este diario Patricia Farina, orientadora psicopedagógica de la escuela media de El Carrizal, una localidad rural ubicada a unos 70 kilómetros de la capital mendocina, donde concurren unos 400 chicos que cursan entre 8º grado y tercer año del polimodal. Farina explica que, con gran esfuerzo, en esa escuela han logrado que la retención de alumnos llegue al 89 por ciento el año pasado. "Los vamos a buscar a las casas, tenemos un equipo de trabajadoras sociales que hacen ese trabajo. Y contamos con un régimen flexible de asistencia que permite que los chicos no queden libres", relata. Es que muchos alumnos "comienzan las clases recien en abril, cuando termina la vendimia, pero en octubre empieza el trabajo manual fuerte con el ajo y entonces dejan de venir o no rinden las evaluaciones globales". Y advierte que otras escuelas no cuentan con ese régimen de flexibilidad.

A mediados de febrero, una cronista de Página/12 recorrió chacras del departamento de Godoy Cruz y Guaymallén y comprobó cómo los niños son cargados junto a sus familias en camiones y trasladados a las fincas, donde trabajan en la separación y limpieza del ajo. Las grabaciones con una cámara oculta que obtuvo un trabajador de La Alameda registraron esas escenas que fueron presentadas en la Justicia federal de Mendoza.

El juez federal Walter Berto inició un sumario en el que investiga el posible delito de "trata de personas" que, de acuerdo con la ley 26.364, consiste en "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación". "En esa causa hay mucha prueba, videos, fotos y declaraciones de testigos, entre ellas las del actual ministro de Gobierno, Mario Adaro, quien asegura que cuando se desempeñaba como subsecretario de Trabajo detectó numerosos casos de trabajo infantil", dijo a Página/12 el abogado Pablo Salinas, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos.

En esa misma causa, los abogados Rodolfo Yanzón, Alfredo Guevara, Rodolfo García y Salinas presentarán una ampliación de la denuncia con nuevos casos, registrados entre abril y mayo en los mismos lugares denunciados en febrero, como la plaza de Rodeo del Medio, donde son reclutadas las familias, con sus niños, y trasladadas en camiones. Un nuevo video incluye además los testimonios de la directora de la escuela y de numerosos niños que trabajan o trabajaron en las plantaciones de ajo.

Esta vez, la cámara oculta que portaba una militante de La Alameda que logró ser reclutada para el trabajo rural registra imágenes en plantaciones de cebolla y calabaza. "La denuncia original tuvo la suficiente repercusión pública como para esperar que el fenómeno denunciado hubiera mermado", cosa que "no ha ocurrido: todo continúa como antes, lo que revela el grado de impunidad con el que pueden actuar los productores frente a la inocua actividad gubernamental", expresa la denuncia.

En la presentación ante la Justicia se incluye un informe del gobierno mendocino sobre "Erradicación del Trabajo Infantil", donde consta que las autoridades provinciales han detectado niños y adolescentes trabajando en cosecha de uva, manzana, tomate, galpones de empaque, pero además en aserraderos y hornos de ladrillos. "No surge que el gobierno haya dispuesto la formulación de las correspondientes denuncias contra los patrones por los graves delitos contra la libertad de las personas en perjuicio de los trabajadores."

Las organizaciones denunciantes resolvieron además reclamarle a la Mesa de Enlace de productores agropecuarios que "excluya a los empresarios de la provincia de Mendoza que están denunciados por reducción a la servidumbre y trata de personas", reveló a Página/12 Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda."

La nota sostiene que muchas de esas empresas, en distintos departamentos mendocinos, recurren a una práctica "fraudulenta" que consiste en "presentar a los trabajadores como integrantes de presuntas cooperativas de trabajo que contratan con los productores la recolección", lo que les permite "eludir sus obligaciones respecto de los trabajadores".

De acuerdo con el documento, esos productores "recurren al expediente de contratar familias y ubicarlas en fincas de su propiedad o alquiladas donde desempeñan su trabajo en condiciones más que precarias y sin la protección de las leyes". De esa manera "se reclutan los niños, que colaboran con sus padres en el trabajo, sin percibir ninguna clase de remuneración". "Los niños están sometidos a servidumbre a través del cabeza de familia varón y no se les otorga la consideración de trabajadores como tales."

Esos trabajadores, según el reclamo, "no son provistos de lo básico y necesario para un ser humano, como la provisión de agua potable y baños. Deben concurrir a comprar bebidas o alimentos a lugares que son de propiedad de los productores y lo adquirido para su consumo es descontado cuando se les hace la liquidación semanal". Para eliminar el trabajo infantil, La Alameda propone "otorgar a las familias un subsidio para que los niños vayan a la escuela en lugar de trabajar".

Para Boca que lo mira por TV

LA JUSTICIA ORDENO CONSTRUIR VIVIENDAS SOCIALES EN CASA AMARILLA

La orden la impartió el juez Fernando Lima, quien a su vez le impuso una multa de cuatro mil pesos a Mauricio Macri por entorpecer el accionar judicial. El jefe de Gobierno pretende ceder los terrenos en cuestión al club del que fue presidente.

Werner Pertot

El juez Fernando Lima ordenó a la gestión de Mauricio Macri que comience a construir en un plazo de dos meses las viviendas sociales en los terrenos de Casa Amarilla, que –según los vecinos– el jefe de Gobierno quiere entregarle a Boca Juniors. Su Señoría también le impuso una multa de cuatro mil pesos por haber entorpecido en forma "maliciosa" en avance del proceso judicial. "Las declaraciones públicas (aún luego desmentidas) son confusas y contradictorias, las licitaciones sugestivamente nunca llegan a buen puerto y las partidas presupuestarias pertinentes son reducidas u 'olvidadas'", describió el magistrado.

En 2005, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) preadjudicó 1231 viviendas para unas cuatro mil familias en los terrenos de Casa Amarilla como parte del programa "Viví en tu casa". Cuando asumió Macri, el proyecto se estancó en el IVC, donde el jefe de Gobierno ubicó a Eduardo Petrini, quien proviene de Boca, donde se dedicaba a la compra y venta de jugadores. Un grupo de preadjudicatarios de las viviendas formó la asociación civil "Casa Amarilla" y envió cartas documento a Macri y al titular del IVC, Roberto Apelbaum, que tuvo un sugestivo traspié en la Legislatura en 2008, cuando habló del destino de los terrenos. "El IVC no ha cedido tierras al club Boca Juniors. Si hubiera una petición, obviamente la consideraríamos", afirmó.

–¿No hay un pedido del club para que les cedan tierras? –le insistió entonces el titular de la Comisión de Vivienda, Facundo Di Filippo.

–Que me haya llegado, todavía no.

Sin embargo, seis días antes, el IVC recibió una carta del club en la que solicitaba la cesión de los terrenos. La respuesta del IVC había sido que estaban adjudicados a viviendas sociales, pero que "sin perjuicio de lo expuesto, les informamos que la transferencia podría ser atendida en forma parcial y a título oneroso, previa intervención legislativa que autorice la modificación del destino del inmueble".

Los vecinos que reclaman las viviendas se presentaron a la Justicia y obtuvieron un primer fallo favorable del juez Roberto Andrés Gallardo, que embargó los 14 millones de pesos que representaban la partida para esas viviendas. Ese fallo fue revocado y el gobierno porteño respondió con una querella por daños y perjuicios contra Gallardo y la recusación al juez en cerca de 700 causas. La inédita iniciativa PRO no prosperó.

La causa recayó en el juzgado de Lima, quien ordenó en primer lugar que el gobierno porteño se abstuviera de cambiar el destino de las tierras hasta que se resolviera la cuestión de fondo, sobre la que falló ayer. El juez destacó que existe una ley de la Legislatura para la construcción de esas viviendas que el gobierno porteño está ignorando y señaló que la gestión PRO dejó caer tres licitaciones para la construcción de esas viviendas. "El Estado no puede simplemente dejar languidecer un programa vigente. La demora, la confusión, la multiplicación de meandros burocráticos ha llevado a que se produzca una franca contradicción con una clara decisión de la Legislatura, lo que agravia los intereses jurídicamente protegidos de los demandantes", estimó Su Señoría.

También mencionó que la administración macrista se negó a entregar diversa documentación cuando fue solicitada por el juzgado y, cuando las aportaron los vecinos, desconoció que fuera verdadera. Una vez que se comprobó la veracidad de los documentos, el juez estimó que el gobierno tuvo una actitud desmedidamente reticente y le impuso una multa de cuatro mil pesos por "malicia". El dinero será donado al Hospital Fernández.

El magistrado también cuestionó la posición del procurador porteño Pablo Tonelli por plantear "la política pública de que los funcionarios no acudan a las citaciones de los jueces, lo que tiene como consecuencia la generación de obstáculos para el acceso a la Justicia". Tonelli prefirió no hacer declaraciones. En su entorno sólo señalaron que apelará.

"El fallo viene a corregir la reticencia del Ejecutivo local fundada en la petición de Boca Juniors de esos terrenos", destacó el legislador Di Filippo, que se presentó en la causa como amicus curiae. "El fallo es congruente en observar la obstrucción de Macri y la negligencia del IVC para realizar esta obra", estimó.

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